Que Desde Colombia Fue Contratado Para El Asesinato De Tres Personas: El Testigo Gómez,  Juez San Martín Y  Policía Carrión

Por la Corresponsalía de Ecuador News en Quito y la prensa asociada

Cuando los policías miraron su rostro recién aseado no podían creer que aquel niño que tenían en frente fuese el mismo que minutos antes disparó contra un testigo protegido de la Fiscalía. Con una mochila en la espalda, vestido con blue jean y una camiseta negra, el menor de 14 años de edad, de origen colombiano, se camufló entre los transeúntes que al mediodía circulaban por la avenida 10 de Agosto y Checa (centro de Quito). Su único objetivo era matar a José Gómez Junco.

El adolescente sorprendió a los policías quienes resguardaban a José Gómez e intentó matarlo cuando salía, el 3 de diciembre pasado, de la audiencia de juzgamiento del narcotraficante Óscar Caranqui, implicado en la muerte de la guía penitenciaria Silvia Ibarra. En cuestión de segundos, el joven desenfundó el arma y disparó. Afortunadamente, el oficial Christian Suárez, del GIR, atajó en uno de sus brazos la bala. A Gómez solo lo alcanzaron las esquirlas.

El menor intentó disparar por segunda ocasión, pero los uniformados ya lo tenían rodeado. Miraron fijamente su blanco rostro, cabello lacio y sus ojos caídos que bailaron de miedo.

Tembló su dedo en el gatillo, mientras el caos se apoderaba de los peatones que corrían despavoridos por la calle 10 de Agosto del norte de Quito. Lo siguiente fue un niño con la cara en el piso, los brazos en la espalda y las manos esposadas.

Aún sorprendidos por la edad del menor, de contextura delgada y sin apariencia violenta, los agentes lo trasladaron primero a la Policía Judicial de Pichincha y después a Antinarcóticos. Fue allí donde les contó que llegó a Quito el 30 de noviembre, procedente de Bogotá. Por su origen humilde, los 25.000 dólares que recibiría por eliminar a tres personas vinculadas con el caso Caranqui, serviría para cubrir las necesidades de su familia.

AUTORIDADES BUSCAN A QUIENES LE CONTRATARON

La Policía Judicial y la Procuraduría de Menores buscan a quienes lo contrataron. También quieren dar con el paradero de los dos colombianos que lo acompañaban, mientras coordinan con autoridades de Colombia, pues aún desconocen los antecedentes del muchacho.

El adolescente llegó dispuesto a matar a tres personas. El primero era Gómez y los otros dos, el juez decimoquinto de lo Penal de Pichincha, Freddy San Martín, quien llamó a juicio a Caranqui por el caso de narcotráfico denominado “Madera”, y el oficial Carlos Carrión, quien lo detuvo.

Autoridades policiales y de la Fiscalía recibieron pocos aportes en su primera declaración. Por eso pusieron más empeño en determinar cómo entró al país y quiénes fueron sus contactos y sobre todo, quién lo contrató. De lo poco que se conoce hasta ahora es que empezó en la actividad delictiva a los ocho años y que en su país participó en asaltos y robos. Una de las hipótesis policiales es que pudo estar en uno de los centros para “sicarios juveniles” de Bogotá.

El adolescente está ahora en una habitación del segundo piso del Centro de Orientación Virgilio Guerrero, de Quito, con otros 79 menores. El lugar no tiene mayor seguridad, por lo que varios gendarmes permanecen adentro y un patrullero, afuera.

“Tiene derecho de estar tranquilo”, destacó José Antonio López, presidente de los terciarios capuchinos. Educadores, sociólogos y religiosos también quieren conocer su historia y sus orígenes. Las medidas que se aplican en este lugar son “socio educativas”, destacó López

ACCIONES DE LA POLICIA

El comandante general de la Policía, Bolívar Cisneros, asegura que este es un caso sin precedentes por la utilización de un menor para cometer asesinatos. La Policía aún investiga los antecedentes del sicario adolescente que intentó asesinar a un testigo de  los juicios contra el narco Óscar Caranqui. Hasta que termine la indagación, los agentes pretenden que el joven, de 14 años, sea trasladado a un centro de detención con más seguridades. Según Ramiro Mantilla, jefe de la Policía Antinarcóticos de Pichincha, el presunto sicario no debería estar en el hogar  Virgilio Guerrero. Para el  oficial,  el detenido es sumamente peligroso y debe ser custodiado por personal especializado. Empero, la Ley señala que los menores de 18 años, sin importar el delito que hayan cometido, deben ir a un centro de internamiento de cada ciudad.

En tanto, la Policía Judicial y Antinarcóticos de Pichincha unen  esfuerzos en las investigaciones. La pesquisa se mantiene en reserva; sin embargo, se conoció que los uniformados buscan a los dos jóvenes que acompañaban al sicario, en el momento cuando atacó al testigo.

Mantilla señaló que se trabajará a fondo en este caso, porque  este tipo de sicariato no se ha visto anteriormente en el país, especialmente el uso de adolescentes  para los asesinatos.

“A los menores que son contratados para estos delitos se los llama  en Colombia ‘chicos desechables’. Son infantes que no tienen nada que perder, ya que son niños de la calle. Además, las mafias los reclutan diciéndoles que como menores de edad, la Ley les protege y solo permanecerán detenidos un año”.
También la Policía ordenó una protección especial para el juez de lo Penal de Pichincha Fredy Sanmartín y  para el  oficial Carlos Carrión,  de la Unidad  Antinarcóticos de Pichincha.

Los nombres de ambos constaban en una lista que supuestamente manejaba el sicario. La evidencia fue encontrada durante un allanamiento realizado en un barrio quiteño. En ese papel se encontraron  detalles de los viajes diarios de las dos personas y también señales particulares de los vehículos que manejaban.

MINUCIOSIDAD DEL ATENTADO

La minuciosidad con que fue planificada la operación de sicariato fue tal que de no ser por la acción heroica del oficial que resultó herido, el chico habría cumplido con su objetivo. Al ver que el asesino apuntaba directo a Carlos Gómez el uniformado puso su cuerpo, pese a eso la misma bala que hirió al oficial, también causó lesiones leves en Gómez. Luego de eso la acción policial permitió atrapar al autor del disparo, quien al verse rodeado se rindió.

El adolescente sicario habría recibido varias llamadas en las que sus compinches lo amenazan de muerte si abre la boca y los delata, por eso no se descarta que los prófugos planifiquen un atentado para borrar del mapa al chico, y de esa forma evitar que caigan los cómplices y el autor intelectual del atentado contra el testigo protegido. El intento de asesinar a un “testigo protegido”, protagonizado por el niño sicario prendió “las alertas” en esta ciudad de Quito, donde el año anterior fueron asesinadas Blanca Cando, trabajadora judicial de la Corte de Justicia de Quito; y Silvia Ibarra, guía de la cárcel de mujeres capitalina. Según la Policía, el asesinato de Cando habría sido una equivocación, pues a quien intentaban eliminar los criminales que ejecutaron ese “trabajo” era a la jueza Patlova Guerra, quien el año anterior confirmó la sentencia en contra del narcotraficante Óscar Caranqui.

Información difundida por los medios de comunicación indica que este tipo de delito se registra a diario en Colombia, Panamá, México y las autoridades temen que   se propague al Ecuador. En Medellín, señaló un agente colombiano, llegó a haber 120 crímenes con armas de fuego en un día. “Entonces la morgue no daba abasto y a los muertos los recopilaban en los pasillos como si fueran víctimas de un bombardeo”, dijo.

Este problema social tiene su “caldo de cultivo” en barrios donde reina la pobreza, según sociólogos. Un sector de esos es el barrio de Carcelén bajo (norte de Quito), donde se alojó por tres días el adolescente colombiano que, se conoce, llegó al país vía terrestre por Tulcán.

SECTOR CONSIDERADO COMO ZONA ROJA

Este es un sector considerado como zona roja, pues, dijeron sus moradores, a diario se registran casos de tráfico de drogas, médicos falsos, pandillas, asesinatos y otros delitos menores.  Según los vecinos,  la delincuencia ha sido traída por personas que llegan desde Esmeraldas, Tulcán y Colombia. “En este sector existe sicariato, no solo por la presencia de colombianos, sino de ecuatorianos que, luego de cometer crímenes, se van”, dijo un representante del comité de seguridad, que prefirió no identificarse. “Es el pan nuestro de cada día. Aquí cobran ‘peaje’ después de las 22:00, es decir, los negocios y los buses que llegan a la zona deben entregarles dinero a los antisociales, sino, los propietarios corren el riesgo de ser asaltados”, contó otro dirigente. En tanto, otros habitantes, que tampoco quisieron revelar sus nombres por temor, aseveraron que en Carcelén actúan las bandas lideradas por sujetos conocidos como  el Capulí, el Coyote, el Gorila y el Minda. Según su planificación, la Policía destina al lugar 35 agentes para resguardar a más de 2.500 pobladores, para quienes se necesitan más uniformados.
No obstante, el comandante de la Unidad de Vigilancia Norte, Fausto Gavilanes, consideró que los delitos cometidos ahí son aislados, aunque admitió que hay factores que aumentan la delincuencia en la zona, como la falta de iluminación, terrenos baldíos y la presencia de burdeles, karaokes y cantinas.